El pasado 10 de marzo, la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para la reforma la Directiva de Eficiencia Energética que, de ser aprobada, supondrá un  incremento de los esfuerzos que los Estados Miembros deberán hacer en este ámbito.

La reforma persigue dos objetivos: avanzar hacia la neutralidad climática en 2050 (como parte del Pacto Verde Europeo) y reducir las importaciones de combustibles fósiles provenientes de Rusia (como parte del plan REPowerEU).

Para cumplir con dichos objetivos, el pacto alcanzado propone un mayor papel de las administraciones públicas (incluidas las locales) para:

• Reducir sus propios consumos;
• Auditar el consumo de los grandes consumidores de energía si éstos no utilizan sistemas de gestión de la energía; y
• Garantizar una oferta de financiación verde proveniente de las entidades financieras.

Anticipándose a estas medidas, el pasado mes de enero, el gobierno español aprobaba el sistema de ‘certificados de eficiencia energética’ (CAE) o ‘certificados blancos’. Estos llegan a España a través del RD 36/2023 después de décadas de funcionamiento en otros países como, por ejemplo, Francia. En principio este sistema podría ayudar a lograr los objetivos del acuerdo europeo, pero para que esto suceda es esencial incorporar las preferencias y condicionantes de los consumidores en lo relativo a la adopción de medidas de eficiencia energética.

Los retos y las oportunidades de los CAEs

Hasta ahora, las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores de petróleo al por mayor estaban obligadas a realizar aportaciones al Fondo Nacional para la Eficiencia Energética (FNEE), gestionado por la Administración Pública, para fomentar mejoras en eficiencia energética a nivel nacional.

Este tipo de políticas corren el riesgo de no ser eficientes si la aportación establecida no se corresponde con los costes reales de la eficiencia energética. Por eso, a partir de ahora, los sujetos obligados podrán cumplir con dichas obligaciones, total o parcialmente, mediante actuaciones de eficiencia energética en sectores como la edificación, el transporte, la industria o los servicios.

Con el nuevo sistema de CAEs, se certifican los ahorros logrados, que posteriormente se pueden utilizar para cumplir con la obligación propia o vender a otra parte obligada para que haga los correspondiente. La posibilidad de comprar y vender certificados permite que cada parte cumpla con su obligación al menor coste posible. De manera que este mecanismo es más eficiente que las intervenciones públicas tradicionales, tales como estándares, impuestos o la actual aportación al FNEE, que imponen el mismo esfuerzo a todas las partes, independientemente del coste que representa para cada una.

Con esta medida se pretende, por tanto:

• Flexibilizar la forma en la que se pueden conseguir ahorros energéticos;
• Permitir que estos se hagan al menor coste posible;
• Incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética entre los clientes finales; y
• Mejorar la contabilidad de los ahorros que se produzcan en el territorio nacional, incluyendo cualquier medida de eficiencia energética.

Sin embargo, como suele suceder, el éxito de esta medida depende de su diseño, y en este sentido, están pendientes de publicación algunos detalles de la regulación como:

• Un catálogo que establecerá la metodología de cálculo de los ahorros energéticos asociados a diferentes actuaciones de eficiencia energética. Este catálogo se convertirá, por tanto, en una especie de curva de oferta preestablecida por el legislador y formada por medidas con un coste y un potencial de ahorros estimados. Existe un trade-off entre ahorros reales y capacidad de monitorización. La diferencia entre ahorro estimado y real podría ser grande si se produce un efecto rebote, que sucede cuando los clientes aumentan el consumo energético asociado a un servicio como consecuencia de la reducción del consumo energético de otro servicio sobre el que se hizo la inversión en ahorro.
• La formación del precio del CAE y su evolución en el tiempo, lo que debería ser resultado de los costes de las actuaciones recogidas en el catálogo, del esfuerzo de las partes obligadas para ejecutar las actuaciones y del precio de aportación al FNEE. También puede afectar el diseño del mecanismo de subastas que se prevé implantar para que el Estado pueda cumplir con las necesidades de ahorro energético.
• La interacción con otros instrumentos de política energética y, en particular, con las subvenciones para la sustitución de electrodomésticos, la instalación de placas solares, etc.

La importancia de incorporar las preferencias

Aunque el diseño del mecanismo sea el correcto, la última palabra la tiene el consumidor (hogar o empresa) que es el propietario de los ahorros. Y como se ha observado en numerosos estudios, existen una serie de condicionantes a la toma de decisiones que hacen que el incentivo económico pueda no ser suficiente para que los clientes finales decidan llevar a cabo la inversión (situación conocida en la literatura como la ‘paradoja de la eficiencia energética’).

Una de las barreras más grandes es la falta de financiación para hacer frente al coste inicial. Pero incluso cuando se tienen o se pueden obtener los fondos necesarios, existen otros factores intrínsecos en la toma de decisión (como las reglas heurísticas, las normas sociales o las emociones)  que hacen que los consumidores no actúen como a priori se esperaría. Un ejemplo, es la reticencia que se observa en algunas personas a cambiar las calderas, porque tienen en cuenta el gasto incurrido en el momento de la compra, incluso cuando esto conlleva un gasto extra cada mes. Esto se conoce como la ‘falacia del coste hundido’.

La economía del comportamiento ofrece enfoques alternativos para intervenir en este proceso, aprovechando estos elementos para aumentar la inversión en eficiencia energética. La metodología utilizada pasa por:

• Tener un buen conocimiento de las preferencias y condicionantes de los afectados;
• Diseño de un conjunto de productos y campañas coherentes con lo anterior; y
• Testeo de las opciones para encontrar la opción con mayor éxito.

Por lo tanto, la eficiencia energética es necesaria para conseguir los objetivos de descarbonización, tanto a nivel público como privado y, avanzar en el diseño de políticas eficientes como los CAEs es una buena noticia. Sin embargo, para conseguir los resultados deseados, será necesario un esfuerzo adicional por parte de los agentes con obligación, o de cualquier otro agente interesado en ofrecer productos verdes, para lograr convencer a los propietarios de los ahorros de que lleven a cabo las inversiones pertinentes.

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